El juez de la Audiencia Nacional mantiene a Spottorno y otros 11 exdirectivos en la causa como partícipes a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones penales por la causa de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid contra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros once exdirectivos de la entidad, aunque les mantiene en la causa como partícipes a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 señala en un auto que los 12 exdirectivos a los que se archiva el procedimiento eran empleados por cuenta ajena de Caja Madrid, por lo que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración o del Comité de Control de la entidad.
“Las citadas tarjetas se otorgaban fuera del circuito ordinario de beneficiarios y del límite cuantitativo se efectuaba, con una discrecionalidad impropia de una entidad como la que nos ocupa, por el presidente de la misma, sin soporte contractual alguno y sin que las cantidades percibidas en este concepto fueran declaradas a la Hacienda Pública, debiéndose tener en cuenta la cualificación profesional y la dilatada experiencia laboral de las personas que conformaban los puestos de Dirección, con responsabilidades y experiencia en puestos de diferente índole, por lo que no les debía pasar desapercibidas todas esas particularidades en la mecánica de uno de la tarjeta que les era entregada”, señala Andreu en su auto.
De ser esto así, “ello significaría que la conducta de los directivos, aun no siendo relevante de un punto de vista penal, pudiera haber consistido en la de obtener un beneficio económico procedente de la comisión de un delito”, añade el juez, que considera que se subsanaría con la “posible restitución de lo percibido”.
El magistrado también sobresee las actuaciones, para el exdirector general de Caja Madrid y número dos de Miguel Blesa, Matías Amat, y para el exsecretario general del Consejo de Administración Enrique de la Torre. Asimismo a Ricardo Morado Iglesias, Ramón Ferraz Ricarte, Mariano Pérez Claver, Juan Manuel Astorqui, Carlos María Martínez, Carmen Contreras, Carlos Vela García, Ramón Martínez Vilches y Luis Gabarda Durán.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reforma en un plazo de tres días en el Juzgado, o un recurso de apelación ante la sala de la Audiencia Nacional en un plazo de cinco días.
